ARGENTINA: EMPLEO PÚBLICO CORRUPTO

Quienes trabajan en calidad de contratados por el Estado Nacional deben soportar la incertidumbre y la discrecionalidad. Según la gremial de los empleados de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, el 60 por ciento de los trabajadores revista en condiciones de precariedad laboral. De los aproximadamente 80 mil que se desempeñan en la administración pública nacional, alrededor de 30 mil están sometidos a diversos tipos de contratos, aunque recientemente el Gobierno anunció la regularización de 9 mil, que cobran menos de 1.500 pesos.
Los programas de financiamiento firmados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), se nutren de pasantías y becas, un artificio que encubre trabajo permanente y real bajo la falsa figura de la transitoriedad.
Otro mecanismo de simulación se pone en marcha cuando se pretende convertirlos en monotributistas, que –por supuesto– están fuera de convenio. “El contrato laboral existe con independencia de la calificación que hagan las partes. Lo que rige es la verdadera relación de trabajo”, contextualiza un funcionario del ente. Señala que los empleados que realizan el control de acceso al ministerio de Economía “dependían antes de una empresa privada, después pasaron al régimen de contratación del Decreto 1184/2001 y después figuraron como contratados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), cuando ni siquiera eran estudiantes de esa casa de estudios”.
El contrato de servicios impuesto por el decreto 1184/2001 establece, entre otras cuestiones, que el contratado “desvincula al contratante de toda responsabilidad por reclamos por parte de terceros”, en tanto el empleador “no asume responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios”, y además aclara que “no es intención ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia”.
“El ministerio de Economía –precisa el informante– reconoce la existencia de entre 6 mil y 8 mil empleados en estas condiciones. Lo cierto es que si alguien es monotributista y demuestra que actúa dentro de un cierto orden administrativo, que le factura a un solo empleador, que cumple tareas habituales y permanentes en un lugar físico de trabajo, que responde a una pirámide jerárquica determinada, donde el jefe es un funcionario público y que, incluso, existen expedientes con su firma, ya no hay más nada que demostrar”.

