Vergüenza propia

En Argentina, uno de cada dos trabajadores es clandestino. Son casi cinco millones de personas. Las autoridades actuales explican esa ilegalidad argumentando que son conchabos estacionarios que predominan entre las pymes.

Los trabajadores en negro son los que cobran menores salarios. Se calcula en 317 pesos el promedio mensual: 40% menos que el de los formales). Además, no perciben aguinaldo, vacaciones, indemnización o asignaciones familiares. Quedaron afuera, en su mayoría, de los aumentos por decreto.

Sufren desatención sanitaria porque no tiene obras sociales y carecen de seguro contra accidentes. No tiene acceso al crédito por no figurar legalmente.

Para peor, los empleos en negro corresponden más que nada a niños y mujeres. Y muchos, inmigrantes desde países vecinos. Se agrupan en la construcción, el servicio doméstico y la actividad rural. Las provincias del noroeste contienen a más de la mitad de los explotados en nuestro País.
A pesar de que la economía (sobre todo, la de unos pocos) creció vigorosamente en el último año, la solución a este drama discriminante parece evadirse de los moldes típicos. ¿Habrá que aumentar la persecución a las pymes para que blanqueen a sus asalariados? ¿Será tiempo de reclamar a los gremios y organismos oficiales un compromiso más honesto con la realidad? No creemos que puedan surgir respuestas positivas en el contexto actual de extendida corrupción.

Habrá que imaginar un esquema previsional donde aportan los que más perciben. Que el Estado se haga cargo de la salud pública más eficaz a través de hospitales decentes. Quizá, sacudir de una buena vez el aparato gremial para dar representación a los de abajo.

Pero es cierto que si los destinos sociales siguen siendo capricho de los más fuertes, las cosas no van a cambiar para mejor. Hay que meter a la gente en todas las instancias de decisión. Sin participación, compromiso y control ciudadano no hay democracia que valga.