Despropósitos públicos

No hay forma de controlar los que hacen los organismos públicos. Es más, en las cosas cotidianas.
Un ejemplo. En La Plata funciona un centro de documentación rápida. Se trata de un edificio bastante nuevo donde se pueden gestionar todas las prestaciones de un Registro Civil. En mucho menos tiempo. En Bahía Blanca se toman casi un año para darte el DNI. Allá, los platenses tardan un mes.
En las instalaciones de calle 6 al 400 hay cerca de 15 puestos que se encargan de digitalizar nuestra información: escanean las huellas dactilares y fotografían al interesado. Esa gestión se cobra cinco pesos.
Usan unas camaritas simples que pueden costar de 500 a 700 pesos.
La cuestión es ésta: toda la dotación mobiliaria, técnica, etcétera, está cubierta en los presupuestos anuales de la Provincia. (No es fácil saber cuánto se pagó en realidad por cada camarita).
Las colas para iniciar los trámites (de los que caen inevitablemente en el fotografiado y el escaneo dactilar) son de casi una cuadra…y se van renovando hasta la hora de cierre. Por ser un centro rápido se atiende a gente de lugares distantes.
O sea: se emplean cámaras y escáneres pagadas a través del presupuesto público.
Entonces: ¿para qué se castiga al concurrente con los 5 pesos, originando una recaudación diaria que permite seguramente reponer el bien cotidianamente?.
¿Cómo se justifica ese cobro en compensación de costos que no existen?
¿A dónde van a parar esos ingresos extra, que deberían ser estimados para imputarlos al cálculo presupuestario?
Este es un ejemplo. Con el criterio de que cuando se identifica al beneficiario, se puede aplicar un precio (como en el caso del peaje en rutas) se disparan estos mecanismos tan difíciles de justificar.
No tenemos controles sobre el manejo de la república. Es una ingenuidad pedirle a los legisladores o a nuestros partidos políticos vacíos que se ocupen de defender nuestros derechos (Y contra el Estado, para colmo).