La resolución de la Corte Suprema nacional y la reactualización del principio de la libertad sindical coinciden con una antigua reivindicación. Es un viejo reclamo de los radicales, que procuraron corroer la viga maestra del edificio peronista. De diferentes maneras ese punto asomó en el debate sobre las modificaciones a la Ley de Asociaciones Profesionales que, en 1973, le costó al senador Hipólito Solari Yrigoyen, ex abogado de la CGT de los Argentinos, un atentado de la Triple A; se vislumbró en la frustrada “Ley Mucci”, que propiciaba el acceso de las minorías a las conducciones sindicales y se filtra –por obra de Raúl Alfonsín— en la Constitución modificada de 1994 al sancionar la prevalencia de los pactos internacionales. Eso, precisamente eso, sirvió de fundamento al máximo tribunal para dictaminar la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 23.551.
Es muy probable que la postura de la Corte no sea del agrado de empresarios que nunca simpatizaron con los sindicalistas (pero que han aprendido a convivir con aquellos que lograron entrar en sus santuarios, frecuentar sus clubes, ser vecinos de sus campos y competir con sus caballerizas). Es probable que la noticia haya llenado de júbilo a Hugo Yasky y de contradicciones a Luis Barrionuevo. Sin embargo, a largo plazo, los verdaderos beneficiarios de la decisión que la prensa ha llamado “histórica” no serán ni Yasky ni Barrionuevo sino aquellos trabajadores que no suelen gozar de la protección que otorga el Ministerio de Trabajo al “movimiento obrero organizado”. Y si éste no puede torcer el brazo de la Corte, quizás, para preservar su monopolio, apele a otras formas –famosas– de disuasión. Ocurrirá una, dos, tres veces. Al final, deberá entrar en razones. O volverán las trifulcas.
Por ahora se trata sólo de la piedra basal, pero a futuro el fallo de la Corte puede volver a poner la vida gremial (y con ella, también la política) sobre sus pies. Es que se trata de mucho más que del triunfo de una central obrera (CTA) que buscaba desde hace años ser reconocida. Lo dijo el propio abogado moyanista Héctor Recalde: admitir que un trabajador es libre de otorgar su representación a quien le merezca confianza, pertenezca o no a la organización sindical reconocida por el Estado, es aplicar “un concepto filosóficamente liberal de lo que son las relaciones sindicales”
Algo de Historia:En una sola oportunidad histórica desde la recuperación de la democracia en 1983 se produjo una asistencia perfecta de la totalidad del cuerpo de senadores. Fue el 15 de marzo de 1984, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín perdió por dos votos (24 a 22) el proyecto de reforma al sistema de elección gremial conocido como “Ley Mucci”, por el nombre del ministro de Trabajo Antonio Mucci.
En la noche del miércoles14 de marzo de 1984, poco más de tres meses de haber llegado al gobierno, Alfonsín sufrió en el Senado uno de los golpes más duros. La reforma laboral que había prometido a lo largo de su campaña electoral terminó derrumbada por el voto del senador neuquino Elías Sapag.
Fuentes: Crítica Digital y Río Negro
